El Poder Real.
Partidos políticos
En un sistema autoritario, como el que vivió México por muchos años, donde sólo había un partido que tenía derecho a participar en política le dio mucho poder; pero en un sistema plural, los partidos compiten entre sí, y para bien o para mal son penetrados o se identifican con los intereses de diversos grupos sociales, que tienen poder en la sociedad.
Los partidos son mucho más frágiles que los gobiernos, porque no dominan un territorio, no tienen poder real sobre sus simpatizantes (ni siquiera sobre sus militantes y cuando son gobierno se espera que gobiernen para todos, tienen que compartir el poder con otros partidos y no dejan de estar sometidos a múltiples presiones.
En 1952 Adolfo Ruiz Cortines presentó al Congreso una serie de proyectos; el primero de ellos fue la reforma a los artículos 34 y 115 constitucionales destinados a otorgar a la mujer sus derechos políticos, en cumplimiento de promesas efectuadas desde la época de Cárdenas. A esas disposiciones siguieron las modificaciones a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, que proponía que tales funcionarios declararan sus bienes antes de iniciar su gestión y que se pudiera investigar, sin previa denuncia, el origen de la fortuna de aquellos que ostentaran bienes superiores a sus ingresos económicos manifestados. Esta Ley, que al parecer no fue aplicada durante el sexenio, cumplió al menos el objetivo de hacer explícitas, a los funcionarios públicos, sus responsabilidades, aun después de dejar el cargo.
Un acto de gran trascendencia para la historia de nuestro sistema político fue el proyecto de Manuel Ávila Camacho al consolidar al Partido de la Revolución Mexicana (PRM), dado que su imagen radical no era congruente con la nueva política de conciliación; por lo tanto, para el presidente este partido sólo debía restringirse a efectuar actividades electorales.
La primera medida de Ávila Camacho fue la de excluir a los militares, pues consideraba que no debían intervenir en el proceso electoral. Esta orden fue dada apenas iniciado su gobierno (10 de diciembre de 1940); a partir de entonces el partido fue sufriendo grandes cambios encaminados a que dejara de participar en la vida política nacional y se concentrara a los periodos electorales.
Por otra parte, el partido también fue abandonando sus tesis socialistas, buscando un acercamiento con el grupo católico y con las capas medias de la población. A tal efecto se organizo el sector popular del partido y su incorporación a una gran central semejante a la de obreros y a la de campesinos. Así, surgió la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP)en febrero de 1943, con lo que se repartía el peso político entre las Confederaciones de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la nueva (CNOP). Más adelante, el 18 de enero de 1946 se decretó la desaparición del PRM para fundar al Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Actores Políticos de Poder.
El sistema político mexicano por mucho tiempo fue considerado como autoritario. Esta percepción tiene sus raíces en la cultura política desarrollada desde los aztecas, en la que se monta el sistema político colonial, se mantiene en el porfiriato y se reafirma con Plutarco Elías Calles, que crea el Partido Nacional Revolucionario (PRN) en el año de 1929, posteriormente perfeccionado por Lázaro Cárdenas con el corporativismo, que subordina a los sectores campesino, obrero, militar y popular al partido de Estado,
estructura que se mantiene con el PRI hasta 1982.
A pesar de haberse dado cambios en la Constitución, el sistema de régimen presidencialista no ha sido modificado, se mantiene intacto desde 1917 a la fecha. La única modificación existente corresponde a los requisitos para ser presidente de la República, en los cuales por razones históricas se había mantenido la exigencia de ser mexicano e hijo de padres mexicanos por nacimiento. Por reforma constitucional al artículo 82° en 1994, y que entró en vigor el 31 de Diciembre de 1999, el requisito de elegibilidad ahora exige ser mexicano por nacimiento e hijo de padre o madre mexicana, lo que permitió a Vicente Fox, ser candidato a la presidencia para el año 2000.
El presidente, como jefe de gobierno tiene a su cargo la administración pública central conformada por 18 secretarios de Estado y la administración pública descentralizada o paraestatal, conformada por organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos.
El presidente, con el propósito de darle coherencia al sistema de administración pública, elaborará un Plan Nacional de Desarrollo, del que se desprenden los distintos programas de gobierno.
Con la reforma al artículo 25° constitucional en 1983, sobre rectoría económica del Estado, se reconoce un sistema de economía mixta integrado por los sectores público, privado y social; el artículo 26° constitucionaliza un sistema nacional de planeación denominado democrático, que obliga al gobierno a planear y programar sus actividades.
Se incorpora un sistema de control político de las tareas gubernamentales a través de la fiscalización de los recursos públicos por parte de la cámara de diputados, de acuerdo al artículo 74°. Por cierto, como el PRI perdió la mayoría de la cámara de diputados en 1997, fue sólo a partir de esa fecha que esta fiscalización política al presidente empezó a tener vigencia.
Organizaciones Empresariales.
“En la administración de Luis Echeverría enfrentó la encrucijada definida entre dos opciones: el inmovilismo político y económico o el reformismo activo. Haber optado por lo primero, aunque prudente y conservador, hubiera significado un camino conocido y seguro, aunque sólo en apariencia, pues la continuidad del sistema no se garantizaba aplicando los viejos esquemas. La segunda opción más rigurosa recogía no sólo el diagnóstico y voluntad del presidente, de grupos importantes de la burocracia estatal, y de otros grupos influyentes. Se reconocía la nueva situación económica y al cambiante escenario internacional. Sin embargo, no todas las fuerzas sociales fueron capaces de responder con flexibilidad y sensibilidad ante las nuevas circunstancias. Por ejemplo, grupos importantes del sector privado fueron incapaces de entender la necesidad de cambios en la estrategia de desarrollo y en la relación entre los sectores público y privado; los grupos empresariales opositores acudieron a mecanismos tradicionales de presión como la huelga de inversiones, la fuga de capitales, campañas de desestabilización y oposición abierta a la política exterior del gobierno”, según (Ayala, 2001; 411).
El presidente Echeverría buscó definir al Estado de los intereses del sector privado, lo que se tradujo en un enfrentamiento y tensión política entre el proyecto del grupo gobernante y el empresarial.
El sector privado tuvo capacidad suficiente para condicionar en mucho la suerte de la estrategia gubernamental. Los grupos empresariales se colocaron en una oposición crítica y disputaron no sólo aspectos económicos sino buscaron ampliar su influencia en la política nacional. Los grupos más importantes desplegaron intensa actividad política e ideológica que los dotó de mayor capacidad para liderear a grupos con intereses heterogéneos y que habían apoyado antes las políticas estatales.
El esquema de economía mixta que había gozado de consenso y permitido la “convivencia armónica” entre los sectores público y privado entró en una fase de tensión crítica que finalmente se resolvió en un cuestionamiento general al papel que el Estado había tenido en el desarrollo. El pensamiento y la acción empresariales negaron la tesis según la cual el sector público era el único representante del interés nacional.
Por el contrario argumentaron que el sector privado está compuesto por grandes empresarios, pero también, por agricultores, ganaderos, artesanos, profesionales y empleados. Los empresarios darían una nueva interpretación a la Constitución Mexicana fijando la atención en la necesidad de preservar los derechos ciudadanos de propiedad y libertad indispensables para ejercer actividades lícitas productivas y comerciales generadoras de riqueza. Esta nueva concepción empresarial cuestionaba el sentido original del artículo 27 de la Constitución que deposita en el Estado la capacidad de imponer a la propiedad las modalidades que dicte el interés público. En la nueva interpretación, si bien no se cuestionaba la participación estatal, si se definía cuáles deberían ser sus modalidades, campos y grados de intervención.
El nuevo pensamiento empresarial fue capaz de generar una corriente de opinión desfavorable a al participación del Estado en la Economía. El Estado era según los empresarios causante de la crisis económica, de la mala administración y de la corrupción; aquel Estado que de antaño había promovido la inversión privada, subsidiando y estimulando el mundo de los negocios, era ahora fuertemente criticado no sólo por la mayoría de las organizaciones empresariales sino además por la punta de lanza empresarial: el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), creado en 1975.
El embate empresarial contra el Estado ocultaba, tras una simplista argumentación, las causas estructurales de la crisis y de la propia responsabilidad empresarial, pues habían tenido injerencia en las decisiones importantes. Era evidente que la presión política de las cámaras empresariales buscaba abrir un espacio de discusión a la política económica para preservar o ampliar sus privilegios.
La estrategia de desarrollo no sólo tubo la oposición empresarial, sino que también aparecieron inercias burocráticas, sobre todo en el ámbito de la política financiera. La política monetaria no fue un contrapeso a la política fiscal expansionista, que dificultó su consistencia de largo plazo. Como se recordará la política de gasto público quedó trunca, pues la presión empresarial impidió llevar a cabo la reforma fiscal.
Por lo tanto, para José López Portillo era de gran importancia lograr la confianza de los diversos sectores económicos del país, por lo cual los convocó a unirse en lo que se llamó la Alianza para la Producción. Asimismo, bajo las difíciles circunstancias que se encontraba el país era necesario recuperar el apoyo del sector empresarial a través de sus poderosas agrupaciones, como la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (CONCANACO), la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), así como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Se puede decir que la relación que tuvo con estos organismos fue de cordialidad, esto en parte por la aplicación de una política de exenciones y reducciones de impuestos, y aumento en los precios de los productos básicos no obstante aplicar una política de estricto control de gasto público.
Sin embargo al final de su sexenio debido a la crisis por la que atravesaba el país muchos de esos empresarios decidieron no invertir e incluso retirar sus capitales para depositarlos en el extranjero, en espera de regresarlos cuando se dieran en nuestro país tiempos mejores. Esto da una muestra del poder que representan las organizaciones empresariales
Funciones del poder.
En el modelo neoliberal la expresión de poder amplia su contexto en la sociedad, en el enfoque estructural, se dice que el poder corresponde al Estado, pero con la concentración del capital, surge el poder de las “corporaciones “imprimiendo sus características al desarrollo económico y social.
Basados en el planteamiento de Adams Smith, el hombre toma sus decisiones en 5 modulaciones a saber:
1. por el egoísmo
2. el sentido de propiedad
3. por la consideración
4. el sentido de libertad
5. por el trabajo
En el nuevo liberalismo la corporación basa sus decisiones en el anterior planteamiento, donde se sitúa como centro de atención económica y social.
En la sociedad el hombre como integrante del mercado y como ciudadano debe tomar decisiones en las que se requieren de cierto sustento teóricos y prácticos para ello se apropia de información y de conocimientos estructurales con la intención de obtener la mejor elección y tomar la decisión acertada, así conoce el funcionamiento de la unidad social que se da a través de las relaciones de poder y subordinación.
Así como el médico conoce el funcionamiento estructural de un organismo vivo, el ciudadano tiene que conocer a la sociedad para explicársela y tener la posibilidad de buscar su equilibrio.
La corriente estructural nos permite explicar la relación de los integrantes de la sociedad en su quehacer constante, en sus metas al futuro y la esperanza de formar una sociedad para sus descendientes con posibilidades de subsistencia en forma individual y en la convivencia con los órganos de poder y subordinación.
El funcionamiento sistemático lo presentamos en un esquema grafico que trata de explicar la relación existente entre el poder y la subordinación
Seguridad Nacional
La función primordial del poder es defender la soberanía nacional, identificando al poder como el Estado.
El poder es una facultad que tiene un agente público de hacer una cosa, entre mayor poder puede hacer más cosas.
En términos económicos con la obra de Adams Smith “la riqueza de las naciones” el Estado se considera como el impulsor, gestor, coordinador en la toma de decisiones de la economía, y a la vez los economistas lo consideran como el enemigo numero uno de las acciones del mercado.
Desde el punto de vista legal, el Estado es una construcción jurídica que norma las acciones de los hombres en el juego por alcanzar el poder.
En opinión de Macario Schettino: “Se dice que la libertad es el bien más preciado del hombre, pero por libertad, no se quiere significar ausencia de cadenas, sin capacidad de autogobernarse, soberanía de todos y cada uno de los ciudadanos, posibilidad de hacer negocios”
Digamos que es lo que hace iguales a los hombres en términos de la ley y del contrato social.
La principal función del Estado es de mantener la seguridad nacional, mediante un método que protege los valores y datos, así como la integridad de los ciudadanos en los dispositivos de protección del exterior y contra el exceso de ellos.
Organización de los poderes, los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El principio de la división de poderes constituye uno de los fundamentos de todo régimen democrático, en cuanto que los poderes en su actuación están frenados por los otros poderes, están limitados por el derecho, quedando obligados a realizar estrictamente las funciones que cada uno le corresponde. (Serra 1998; 155)
En cada Estado, afirma Montesquieu, hay tres clases de poderes: “la potestad legislativa, la potestad ejecutiva de las cosas que dependen del derecho de gentes y la potestad ejecutiva de las cosas relativas al Derecho Civil. Mediante la primera el príncipe o magistrado hace las leyes temporales o definitivas y modifica o deroga las ya existentes.
Mediante el segundo, hace la paz o la guerra, envía y recibe embajadores, establece la seguridad, previene invasiones. Mediante el tercero castiga los delitos y juzga las diferencias entre particulares” (Montesquieu 1992:78)
Uno de los organizamos encargados de la seguridad de los Estados Unidos es la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y parte de sus objetivos son sostener el ejercicio del poder de su país; la CIA fue creada para la guerra fría que paradójicamente comenzó a morir cuando obtuvo la caída de su enemigo.
Históricamente el principal enemigo de los Estados Unidos se ha modificado, el siglo pasado fue primero el nazismo, posteriormente el comunismo y en este siglo el terrorismo, este enemigo varía según quien se opone a sus intereses económicos y políticos.
Las medidas de seguridad que se implantan en los Estados Unidos, repercuten, son adoptadas libremente o de manera no tan libre en México.
La corrupción.
Vocablo (latín corruptio) con el que se designa la putrefacción, el vicio, la seducción, el soborno, el abuso en las cosas no materiales, En la sociedad mexicana de mercado libre formada por ciudadanos, donde la toma de decisiones económicas y sociales se dan por las modulaciones señaladas por Adams Smith, se establece un desequilibrio personal llevando ha vicios o abusos, lo que constituye “corrupción”.
El término se aplica en la no observancia de la ley o en su aplicación.
Nos podemos referir a la “ley” en su moralidad, o en la moralidad del acto mismo, en la aplicación es donde se establece la falta de ética o la moralidad de quien la aplica, donde resalta lo económico, social, político y cultural.
Históricamente los ideólogos de la revolución lo habían identificado, Luis Cabrera opinaba.
“La ley para la clase social pudiente, es declarativa y para la clase social Pobre es represiva”.(Luis Cabrera 1984-207)
El sistema político establece normas de observancia general para el funcionamiento de la sociedad, pero en lo económico se da la contradicción en la posesión de los factores de la producción, los que tienen el capital y los que tienen el trabajo, en ambos grupos sociales se da corrupción por la transgresión a la norma, en la observancia o en la interpretación.
Los poseedores de capital al no reporta ingresos provenientes del capital o del trabajo al fisco, o no proporcionar facturas en los intercambios de todo tipo de bienes y servicios cometen un delito a la nación.
“Estudios reciente han estimado que el nivel de evasión en el caso del ISR y IVA en forma conjunta es e 3% del PIB en 2004, descomponiéndose de la siguiente forma IVA 0.90%, ISR personas morales 0.61%; ISR personas físicas 0.41%, ISR personas físicas con ingresos por arrendamiento 0.22% e ISR con actividades empresariales y servicios profesionales 0.83% del PIB. (Caballero Urdiales, Emilio 2004-40)
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