lunes, 30 de enero de 2012

LECTURA No.15 TERCER AÑO

Sistema de Partidos.

Objetivo de aprendizaje: Explica e interpreta el concepto de sistema de partidos y compáralo con el caso mexicano.

¿El sistema de partidos en México es lo suficientemente atractivo políticamente para que los ciudadanos se incorporen o participen en este?

Metodología de aprendizaje:

1.-En tu libreta escribe un concepto de sistema de partidos, para que te formes un criterio sobre la política que juegan estos ante la sociedad.

2.-En equipo escriban las principales características del sistema de partidos en México y has una comparación en tu entorno.



El Sistema de Partidos es parte del sistema político de una nación donde los actores principales son el partido o partidos políticos, quienes utilizando recursos jurídicos y políticos, disputan y compiten por la obtención, ejercicio, mantenimiento y oposición al poder político.

El sistema de partidos lo constituye el conjunto de partidos que existe en un Estado nacional. Las clasificaciones son diversas y responden a posiciones diferentes en relación al elemento que se privilegie.

La democracia política, que actualmente se valora como el régimen al que se atribuye mayor legitimidad en el mundo, no se puede entender cabalmente sin la existencia plural de partidos. Porque es en la competencia entre partidos que puede escenificarse la lucha por el poder con parámetros definidos, proyectos alternativos, reglas para la postulación de candidato, para la contienda electoral y para el ejercicio del poder. Sin embargo, varios autores consideran que en el presente siglo asistimos a una redefinición de los partidos políticos, porque ya no cumplen con las funciones clásicas que se les atribuían en la elaboración de proyectos para la sociedad, la movilización social y la agregación de demandas sociales; en cambio cada vez más se transforman en factores de gobernabilidad en la medida que la democracia como sistema político se institucionaliza. En este contexto los partidos aparecen como organizaciones para el control social y la canalización de demandas sociales, antes que para impulsar cambios en la sociedad y representar intereses de grandes sectores, porque el papel de la oposición de izquierda queda reducido al ámbito parlamentario, o al ejercicio del poder ejecutivo, donde finalmente prevalecerá la negociación entre intereses contradictorios de las élite, al margen de la expresión de los conflictos sociales. Así es como los partidos pierden significación como organizaciones de la lucha social o bien como instrumentos de elaboración y difusión de ideas, valores y proyectos de la sociedad.

En la actualidad, no sólo los partidos, sino que la democracia política ha perdido significado para la sociedad, a pesar de que prevalezcan las instituciones formales de la democracia política. Ello se debe a que la globalización ha provocado, por un lado, la destrucción de las identidades colectivas, aquellas que fueron los actores políticos protagónicos del siglo pasado: las clases sociales, así como los nuevos actores, como los movimientos ambientalistas, los movimientos étnicos, o de la equidad de género. Por otro lado está el hecho desbastador para las instituciones políticas nacionales de que las decisiones importantes para el futuro de los países y de su población, cada vez depende más del ámbito de los intereses financieros internacionales.

Por ello en el presente siglo es necesario reconsiderar la naturaleza de los partidos y en particular los partidos de izquierda, porque estos tienen como objetivo colectivo cambiar el sistema político y económico. En general la izquierda pretende lograr la igualdad, la justicia y la libertad para la mayor parte de la población y para eso persiguen la conquista del poder. El problema está en que frecuentemente los objetivos se posponen una y otra vez, mientras que la búsqueda del éxito electoral y el acceso al  poder inmediato se convierten en el objetivo real. Y el éxito electoral depende de las condiciones de la competencia y de las reglas del sistema electoral.

Las nuevas formas de estrategia de participación política de los ciudadanos ponen atención a la comunicación masiva y los partidos diseñan sus estrategias sobre la base de estudios continuos de la opinión pública, que los lleva a estar en campañas permanentes para conquistar el favor del electorado.

“Se trata de una videopolítica que ha cambiado el escenario del ejercicio de la política del ámbito puramente público a uno nuevo donde las distinciones entre público y privado se vuelven borrosas. Apela a nuevas formas donde el papel de las organizaciones clásicas de agregación de interés ciudadanos, los partidos políticos se ven devaluados, así como las instituciones representativas clásicas"



Para entender lo que los partidos políticos son, hay que tomar en cuenta las desigualdades que surgen al interior de los partidos, entre dirigente de diverso nivel y bases sociales, como consecuencia de toda acción organizada. Esa separación genera incongruencias entre los postulados del partido y las prácticas de los dirigentes y los militantes, por ello las desigualdades en el sistema de partidos (diferencias de poder, dinero y oportunidades entre dirigentes y militantes)



Si consideramos que entre otras muchas cosas, los problemas de los partidos que presentan de manera individual o ya sea que se trate del sistema de partidos en general, son atribuibles a su diseño institucional o a la mala conducción de sus dirigentes (órganos electorales, direcciones, consejos estatales, comisiones de garantías y vigilancia) entonces se puede pensar en que se pueden corregir con un cambio en los estatutos o con una reforma electoral o con ambos.

En esta perspectiva debe revisarse el concepto de institucionalización del sistema de partidos, sobre todo poniendo énfasis en la consolidación de las instituciones y en la gobernabilidad, porque ya no responden a los intereses sociales, ya no convocan a los ciudadanos y la población tiene mala opinión de ellos.



Democracia Representativa.

Objetivo de aprendizaje: Explica e interpreta el concepto de democracia representativa en el contexto

nacional mexicano.

¿Los partidos políticos en México, representan la democracia ante el electorado?



Metodología de aprendizaje:

1.-En tu libreta escribe un concepto de democracia y relaciónala con lo que sucede en la política actual.

2.-En equipo escriban las principales características de la democracia en México y compáralas con las

locales



El proceso de centralización del capital y concentración de la producción, que se gestó en el periodo del General Lázaro Cárdenas, correspondió a un proceso paralelo de centralización y concentración del poder político.

En efecto, a lo largo de esos primeros años del capitalismo moderno en México, el Estado perfila sus principales rasgos políticos. El presidencialismo será su distinción más acentuada y el nacionalismo uno de los principales recursos del discurso gubernamental, donde a nombre de la Revolución y sus intereses se reprimirá a la disidencia de cualquier signo o se construirán instituciones como el Seguro Social, concebido solidario entre las distintas generaciones de trabajadores.

Asimismo, una vez consolidada la hegemonía de la fracción triunfante de la Revolución, el Estado volvió a convertirse en el promotor de la modernidad, ahora revolucionaria, para lo cual lo fue todo, definió la nacionalidad y el concepto de soberanía; diseño el civismo de los mexicanos; generalizó los símbolos patrios según su propia visión de los hechos históricos; sometió, modeló y neutralizó la voluntad ciudadana; creó y fortaleció de forma permanente al partido del Estado; se arrogó la facultad de decidir

sobre la existencia de los partidos políticos mediante el sencillo expediente de otorgarles, negarles o cancelarles de manera discrecional su registro, según fuera el caso y el interés político; convirtió a la reforma agraria en un asunto de exclusiva competencia de la burocracia gubernamental, excluyendo a los campesinos del proceso; sometió de manera corporativa a la sociedad en general y al movimiento obrero en particular; y en materia laboral, los aparatos gubernamentales deciden sobre la existencia o inexistencia de los sindicatos, lo mismo que acerca de la legalidad o ilegalidad de las huelgas más allá de la voluntad de sus protagonistas.

En materia electoral, el gobierno también expropió las elecciones y el quehacer político de los ciudadanos y, como diría José Woldenberg (1990:9): “Durante décadas, las elecciones en México fueron un ritual cabalmente cumplido, pero donde no se dirimía quienes debían gobernar”. Y como parte de ese ritual, los votos no se contaban sino se asignaban en determinadas proporciones para recompensar lealtades o simular una democracia que estaba lejos de existir.

Pero también la conformación del aparato gubernamental emanado de la Revolución, en un momento u otro de su historia lo integraron abarroteros; financieros; hoteleros; restauranteros; editores de libros, revistas y periódicos; propietarios de estaciones radiofónicas, televisoras o líneas aéreas; e incluso, su política económica definió a los beneficiarios y marginados del propio sistema. En general, dentro del periodo analizado pero particularmente a partir de la institucionalización de la Revolución en 1940, los diferentes gobiernos usaron, sin pudor ni remordimiento alguno, la represión violenta, selectiva o masiva, en distintos momentos de la vida nacional. Todo esto perfiló un régimen presidencialista con funciones asignadas al Ejecutivo en la Constitución Política, pero con otras metaconstitucionales, que le daban al presidente un poder excesivo, como el de designar a su sucesor, autoritario, patrimonialista, y

formalmente democrático; represor y conciliador; preocupado en el discurso, por la democracia, el bienestar de la población y excluyente de grandes núcleos de población (como los pueblos indios); paternalista y opresor, pero capaz de negociar algunos cambios democráticos para seguir gobernando.



La Nueva Democracia Electoral.

Objetivo de aprendizaje: Describe e interpreta las características de la nueva democracia electoral a partir de la década de los años ochenta en el contexto nacional mexicano.

¿La mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas en México son beneficiarios de la apertura democrática?

Metodología de aprendizaje:

1.-En tu libreta escribe y comenta los fenómenos que te parezcan más relevantes y que caractericen a la actual democracia en México

2.-En equipo escriban las principales características de la apertura democrática actual en México y hagan sus comentarios.



Es claro que el mundo se encuentra ante un momento histórico caracterizado por grandes transformaciones en distintos aspectos y sectores. Los cambios se observan en el ámbito cultural, económico, social, internacional y político, y están presentes tanto en los países más desarrollados, como los tendientes al desarrollo.

El Estado como actor social, político y económico en el concierto de las naciones no puede sustraerse a las transformaciones que el sistema capitalista le dicta y que son necesarias para su funcionamiento y retroalimentación.

En México en los años setentas existía ya un claro desajuste del régimen; una enorme variedad de conflictos en casi todos los ámbitos de la vida social y política que pusieron al descubierto el enorme abismo que se abría entre la vida social, política y legal.

Por ello, en 1977 un año de profundas reformas para México, se vivió una etapa de transición, que desde 1968 se venía gestando como un proceso de maduración política, de manera que las condiciones prevalecientes se encargaron de revestir el proceso legal y político que la Revolución y la posrevolución habían forjado y cultivado. En ese contexto la realidad y la lucha política iban por un lado y la vida electoral iba por otro, convirtiéndose esta última en un mero ritual que no recogía lo que estaba pasando en la sociedad, al grado de convertirse institución incapaz de encausar y representar la realidad

del país

Años después los estadounidenses se van a ufanar de sus encuestas de salida, con las que 24 horas antes sabían quién sería el presidente de aquel país. Los mexicanos ya desde (sexenios anteriores) sabíamos con un año de anticipación quién sería el presidente de México. Lo que quiere decir que el sistema político se volvió predecible y la cuestión electoral era parte de una actuación necesaria para conservar la imagen de la democracia.

De la certidumbre se pasó a la preocupación, el sistema político se vio en la necesidad de recuperar la credibilidad y empezó a actuar en ese sentido.

Sin embargo en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) se instrumentó una política de “apertura democrática” la cual no encontró los causes para llevarla a cabo y se puede señalar que fue detenida por las secuelas de 1968 y por los acontecimientos que surgieron a mediados de 1971, así también en la aparición de la guerrilla urbana y rural subsiguiente, las cuales a pesar del nuevo discurso de apertura del régimen fueron enfrentadas nuevamente por la fuerza y la ilegalidad. Este sexenio terminó no sólo con una crisis económica, sino que fue la época de mayor reclamo democrático, en el cual también se hicieron escuchar las élites empresariales.

Ante este panorama, el presidente José López Portillo desde el inicio de su sexenio se vio obligado a aceptar que los reclamos y las fuerzas políticas de oposición habían crecido, lo que lo obligó a otorgar libertades para la apertura democrática así también modificar las instituciones y órganos del Estado para que las fuerzas políticas y sociales encontraran representación.

Fue así, que el encargado de elaborar el esquema general de la apertura democrática fue Jesús Reyes Heroles, en aquel entonces Secretario de Gobernación, quien propuso que el Estado ampliará las posibilidades de representación política, de manera que pudiera captar en los órganos de representación nacional al complicado mosaico ideológico nacional, integrado por una corriente mayoritaria y pequeñas corrientes que diferían, en mucho, de la mayoría pero formaban parte de la nación.

De esta manera el presidente facultó a Jesús Reyes Heroles a que en calidad de jefe de Comisión Federal Electoral (CFE) convocara a una serie de audiencias públicas con los partidos políticos (PRI, PAN, PPS, PARM, PCM, PST, PDM, y PMT) instituciones, academias y ciudadanos, entre otros, para presentar su propuesta en torno a la reforma política.



Una vez terminadas las audiencias se formó un grupo de trabajo de la CFE, que se encargó de desarrollar una relatoría y sacar conclusiones, sin embargo, la duda de que esos cambios no fueran más que una manera de prolongar la forma autoritaria de gobierno siguió presente, aunado a esto, no se habían desarrollado fórmulas para evitar el fraude electoral y el órgano básico de control seguía en manos del gobierno.

Reyes Heroles, propuso de manera enfática que para tener una democracia real no se podía prescindir de una democracia formal, y dejó la principal tarea de transformación en manos de los partidos políticos. Asimismo, aun cuando las discusiones eran ya parte de la apertura democrática, con ellas se inició un nuevo proceso de litigio político, donde estuvo el clave para la construcción del sistema de partidos actual y las leyes y las instituciones que lo han acompañado.

Estas modificaciones legales y estructurales en el rumbo económico, no sólo obedecían a satisfacer las exigencias del neoliberalismo impulsado por los países desarrollados, sino que también correspondían con los objetivos de poderosos grupos internos que a la larga salieron claramente beneficiados con dicha modificación.

Luis Rubio, dice al respecto que “la decisión de transformar la estructura económica –que resultó de consideraciones políticas- no constituía un mero cambio de estrategia que mantuviera intacta, en esencia, la estructura de intereses económicos y políticos. El cálculo gubernamental implicaba, de hecho, la modificación de las estructuras políticas, sindicales y empresariales del país, cuyo interés muy específico era mantener el statu quo”. (Rubio, 1991:50)

En este sentido la liberalización económica trajo consigo (o, mejor dicho, produjo) la transformación política del país, que se cristalizó en las reformas efectuadas por los gobiernos de Miguel de la Madrid H., Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo y que continúa con el gobierno de Vicente Fox Y Felipe Calderón.

Los partidos políticos convertidos en membretes: La percepción de los mexicanos hacia los partidos políticos y sus militantes es negativa porque al llegar al poder establecen gobiernos oligárquicos basados en el nepotismo y la plutocracia, que sustituyen a la democracia.

Previo a cualquier proceso electoral, federal o local, al interior de las instituciones políticas surgen nuevos grupos, tribus o corrientes que intentan derrocar a sus adversarios para apoderarse de los cargos de mayor importancia y más lucrativos e impulsar al líder de la cofradía con más aceptación popular.

La repartición de puestos en la alta burocracia sirve para pagar los favores y apoyos recibidos durante la campaña del gobernante. La meritocracia es inexistente en las administraciones públicas.

Los candidatos panistas, perredistas, o de cualquier otro partido, ganan votos con frases tan gastadas como la de “acabar con el viejo sistema priísta”, que también sirvió en su momento a los candidatos panistas para echar al PRI de los Pinos. Pero los discursos de los aspirantes a un cargo de elección popular sólo consiguen enconar aún más al país.

Resulta común observar que la mayoría de los gobernantes, funcionarios públicos y secretarios de Estado se hayan formado en el tricolor. Inclusive, importantes candidatos a la presidencia abandonaron el PRI, como son los casos de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador.

Para que la gente se fastidiara del régimen, los vicios y las estrategias priistas, hubieron de transcurrir 70 años. De los gobiernos del PAN y del PRD el pueblo se cansó en menos de una década.

Cada partido está plenamente identificado entre los electores. Acción Nacional es visto como despilfarrador en el gasto corriente y ahorrativo en los programas sociales; al Revolucionario Institucional (PRI), lo acusan de “transa”; al de la Revolución Democrática, le piden renunciar al 50% de los ingresos que anualmente le destina el IFE; al “niño” del Verde Ecologista, ponerse a trabajar dignamente; a Nueva Alianza, rechazar los millones que aporta la maestra Elba Esther; y así todos tienen “cola que les pisen”.

El afianzamiento del poder por los partidos.

Con la intención de revitalizar el sistema de partidos, en 1977 el entonces presidente José López Portillo promovió una reforma electoral, ideada por Jesús Reyes Heroles, que pretendía sacar de las sombras y dar legalidad a las ideologías de los diversos grupos sociales y de guerrilleros que operaban en el país. Cuando se legalizó la fundación de los órganos políticos, opositores al oficialista, diversos grupos sociales encontraron la posibilidad de difundir su ideología y cambiar al país desde el poder, lo cual se concretó hasta el 2 de julio de 2000.

Poco a poco la ambición suplanto a la lucha en las calles. Empresarios, clero, y sindicatos utilizan el membrete de algún partido político para recibir cada año las enormes sumas que el IFE les destina. En cambio, se niega el registro a instituciones u organizaciones civiles con trabajo comprobado a favor del pueblo.

En el 2009 habrán de realizarse las primeras elecciones intermedias con el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Los tres grandes partidos se enfrentan a nuevas reglas, algunas no tan democráticas como pretendieron los legisladores.

Además, al interior de los siete órganos políticos con registro, se formaron innumerables corrientes (todas con intenciones “renovadoras” según sus fundadores). Por ello los analistas consideran que en el país gobiernan más “ideologías” que acciones concretas.

lunes, 23 de enero de 2012

LECTURA No. 14 TERCER AÑO

Desregulación económica


Se entiende por desregulación la pérdida paulatina del control del Estado en las actividades económicas, en la flexibilización de la normatividad mediante la cual se regula el funcionamiento del mercado y de los agentes por parte del gobierno, pero sobre todo por el desmantelamiento de las empresas de propiedad publica que pasan a manos de los inversionistas privados.


La desregulación, está dirigida a modificar el marco normativo de las actividades económicas existentes y crear otro nuevo. De manera que fueron necesarios, cambios en la Constitución con la finalidad, desde la perspectiva gubernamental de estimular las actividades productivas, elevar la productividad, promover la competencia e impulsar al mismo tiempo el beneficio global para la sociedad. En este sentido, se fue agilizando la coordinación entre los procesos de desregulación, privatización, apertura y el resto de los instrumentos de política económica.


La desregulación económica, pasa también por una reforma administrativa, con la cual se busca simplificar una serie de trámites innecesarios, así como desburocratizar al Estado


La reforma administrativa para la simplificación administrativa pública, esta a cargo de la Contraloría General de la Federación, misma que se encarga de resolver todos los actos de corrupción en que incurran los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno (federal, estatal o municipal).


Finalmente, y como parte de la desregulación general, y la financiera en particular, al


Banco de México se le concede su Autonomía en 1994, esto es, se separa formalmente de la injerencia directa del gobierno federal, para actuar en esta etapa neoliberal de manera autónoma e independiente. Sin embargo, será ahora el mercado, quien ha de dictar las nuevas pautas a seguir del Banco de México.





III.4.2 Privatizaciones, apertura comercial


La lógica de las privatizaciones del sector público


Uno de los postulados básicos de la estrategia neoliberal implementada por el gobierno a partir de 1982, se dirigió a redefinir el papel del Estado y a transformar la economía, que hasta entonces era regulada por las políticas gubernamentales, con un mercado interno protegido hacia una economía abierta y orientada hacia el mercado.


Independientemente de los postulados económicos expresados en las medidas correctivas impuestas por el FMI y el BM, fue una realidad que el Estado mexicano no supo administrar y controlar adecuadamente el tamaño del sector público que fue creciendo poco a poco y que a fines de 1982 contaba con 1155 empresas, siendo una


gran carga económica para el país.


La crisis de la deuda externa y la incapacidad productiva de las empresas públicas, fueron la coyuntura ideal para la privatización, la cual buscaba, por un lado, la desincorporación de aquellas entidades que ya no eran prioritarias ni estratégicas para el país y cuya administración debería pasar a manos del sector privado o social, por otro lado, eliminar las constantes y cuantiosas transferencias de recursos fiscales y subsidios que requerían para su operación con la finalidad, según el discurso gubernamental, de liberar recursos públicos para que el gobierno aumentara el gasto social y estuviera en condiciones de atender las demandas más apremiantes de la población (infraestructura, pobreza, educación, salud, vivienda, etc.).


Así, el redimensionamiento del Estado implicó no solamente vender empresas, sino también medidas adicionales como fusiones, extinciones, transferencias y liquidaciones, dependiendo de la situación real que guardaran las empresas en ese momento. De esta manera, se observa como la SHCP da paso a la separación de un gran conjunto de empresas, que sobrevivían bajo la sombra y apoyo del gasto público. Con esto, el Estado mexicano no sólo se desprendía de esas empresas, sino que fue achicando también sus funciones económicas.





Cabe agregar que la desincorporación de empresas paraestatales continúo en los sexenios posteriores a Miguel De la Madrid, y Salinas entre las que podemos mencionar parte de la petroquímica secundaria. en el sexenio de Ernesto Zedillo y en el sexenio de Fox, se rescató la banca y el sector carretero, se apoyó a deudores tanto de la banca como del fisco y como parte del programa privatizador, el gobierno de Vicente Fox ha venido cabildeando ante el congreso para conseguir la privatización de entidades como:


Seguro Social, sector eléctrico y el resto del sector energético.





Así, a través de las privatizaciones, la política económica sufre un cambio radical y con ello el papel del Estado; con ello, no sólo define el nuevo marco institucional, sino las nuevas reglas del juego, para que sea ahora la iniciativa privada nacional en alianza con la extranjera sean quienes asuman la tarea económica nacional que cumplía el Estado. Sin embargo, es necesario señalar que el éxito de un modelo no depende únicamente de las transacciones económicas que ocurran en los mercados y en el sector privado, sino también de la educación, del bienestar social y de la infraestructura que siguen siendo proporcionados por el Estado, pues sería poco realista suponer que el mercado es el único mecanismo de asignación de recursos en una economía, sin advertir que muy frecuentemente, el mismo desarrollo de los mercados es el resultado de una acción estatal deliberada.


Finalmente, habría que tener presente que el fenómeno de la privatización ha sobrepasado el nivel federal y ha alcanza a los mismos Estados y Municipios, con la llamada “desincorporación prospectiva”, en donde toca su turno a: agua potable y alcantarillado, servicios de limpia, transporte público, mercados y centrales de abasto, centrales camioneras, centros deportivos, panteones, rastros, estadios deportivos y plazas de toros. Lo anterior implica readecuar las distintas leyes y reglamentos que norman y regulan el comportamiento de los agentes económicos en los Estados y Municipios, ya que resulta evidente que dotar a la población de mayores y mejores bienes y servicios públicos en un mercado de libre competencia sólo será posible si se


perfecciona el funcionamiento de los mercados con una regulación estatal y municipal adecuada, lo que a su vez debería provocar nuevas inversiones en beneficio de la población y de la modernización.


Esa tendencia a la privatización de servicios públicos en estados y municipios, ya está presente en ciudades como la de Puebla, donde se ha concesionado a empresas privadas los servicios de limpia y de alumbrado público.





La apertura comercial.


La política económica del gobierno de Miguel de la Madrid que inició el primero de diciembre de 1982, planteó, dentro de la reforma estructural de orientación de mercado, fomentar la competitividad externa de la economía a partir de la liberalización del comercio exterior. En otras palabras, el gobierno, según palabras del presidente “se propuso elevar la eficiencia competitiva de la industria nacional e impulsar las exportaciones manufactureras, a fin de generar ingresos de divisas suficientes para cubrir el valor de nuestras importaciones manufactureras, superando de este modo la necesidad permanente de financiamiento externo…Seguimos un intenso proceso de racionalización de la protección comercial para inducir mayor eficiencia y competitividad de nuestra economía nacional"


De esa manera, las estructuras productivas y financieras de la economía mexicana, deberían responder a la racionalidad económica de los mercados mundiales y, por tanto, había que desmantelar la industrialización sustitutiva, es decir, abrir la economía a la competencia internacional para hacer posible la desaceleración de la inflación y la recuperación del crecimiento económico y reducir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.


Como se vio en la tabla una de las “la reformas estructurales” es la reforma del sector


externo que comprende la liberalización comercial, los programas industriales, cambios en las restricciones a la inversión extranjera, la reforma de la ley de protección de la propiedad intelectual, la incorporación de México a los organismos mundiales que regulan el comercio (GATT, OMC) y la firma de acuerdos de libre comercio con diversos países y regiones del mundo).


La mencionada liberalización comercial inició con Miguel de la Madrid (1983-1988) y fue continuada y profundizada por su sucesor, Carlos Salinas de Gortari (1989-1994), el fuerte control que mantenía el Estado sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios a principios de los ochenta, se empieza a desvanecer gracias a las políticas neoliberales


La nueva estrategia neoliberal orientada hacia el exterior, bajo el supuesto de que este cambio en la estructura económica permitiría una mayor integración del país hacia el mercado internacional globalizado. Esa orientación hacia el exterior tuvo dos momentos centrales, que implicaron la eliminación del proteccionismo de mercado que se mantenía en el modelo ISI:





􀂃 El primer momento fue en el año de 1986, cuando México se incorpora al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), con lo cual se reducen los aranceles a la importación de una gran cantidad de productos, originando una inundación de productos extranjeros al mercado nacional. Posteriormente al ingresó Mexico a ese organismo (1989), se inicia formalmente el programa de desregulación en México que corre a cargo de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, con la finalidad de, fomentar una estructura de mercado orientada a la competencia, que obligue a los productores nacionales a modernizarse para tener condiciones de exportación, permitiendo la entrada de un mayor número de participantes o competidores, principalmente extranjeros, y reduciendo gradualmente, pero de manera significativa, las cuotas, permisos y barreras arancelarias relacionadas con el comercio exterior.





􀂃 La segunda etapa de la apertura comercial consiste en la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (TLC) cuyo objetivo final es la libre circulación de mercancías y capitales entre estos tres países. La firma de este tratado convirtió a México en uno de los exportadores más importantes del mundo, creciendo sobre todo las exportaciones no petroleras, si bien las importaciones mexicanas han crecido a un ritmo igualmente elevado.





Firma del TLC México-EUA-Canadá e impacto económico, 1994-2004


Al fustigar el modelo proteccionista existente en México por décadas, Salinas de Gortari actuó en consecuencia profundizando el proceso de apertura comercial, anunciando, desde el primer año de su gobierno, “su intención de negociar acuerdos bilaterales de libre comercio que proporcionaran a México una adecuada reciprocidad a la apertura unilateral que México había venido haciendo de su comercio exterior”. [Ramales M; 2004] De esa manera, “el primer tratado que se firmó fue con Chile en septiembre de 1991 y posteriormente se negoció otro con Colombia y Venezuela que entró en vigor en 1994. Las negociaciones del tratado con Estados Unidos y Canadá, por razón de su misma importancia, fueron mucho más largas y complicadas”.


Obviamente, el objetivo explícito e implícito de la firma de tal acuerdo, así como de otros tantos que ha firmado México con otros países y regiones del resto del mundo, es exportar más al mercado más grande del mundo (el de Estados Unidos) a fin de imprimirle mayor dinamismo a nuestra economía:


“La enorme importancia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no puede ser minimizada. Para México significa la apertura del mercado más grande del mundo a sus exportaciones, principalmente de manufacturas, así como un factor fundamental para la atracción de inversiones y la creación de empleos...”.


En términos de flujos comerciales, “El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido un instrumento clave para incrementar los flujos de comercio e inversión entre México, Estados Unidos y Canadá. Hoy, Norteamérica es una de las regiones comerciales más dinámicas e integradas del mundo; aproximadamente una cuarta parte del comercio total de la región se realiza entre los países socios del TLCAN”.





III.4.3 .Crecimiento económico durante el modelo neoliberal


La crisis que en las décadas recientes se ha vivido a nivel mundial, ha contribuido a muchos cambios y el caso de México no es la excepción. En la economía mexicana, entre los cambios se encuentra el agotamiento del modelo ISI basado en el mercado interno, y su remplazamiento por un Modelo Neoliberal orientado al mercado externo, a partir de los años ochenta el gobierno mexicano comienza la aplicación de una serie de políticas de corte neoliberal, con las cuales se intenta una modificación en el funcionamiento del aparato productivo para que sea más eficiente y enfrente la apertura comercial. Entre los cambios más relevantes se encuentran los siguientes:





a) El Estado deja de ser empresario, es decir, que inicia todo un proceso de privatización de empresas públicas vendiéndolas al sector privado, con lo cual se busca que este sector sea el motor de la economía y quien organice la producción nacional.


b) El proceso de industrialización va a estar basado en la penetración de inversión extranjera directa, la cual se dirige principalmente a la industria manufacturera. Es a partir de 1986 que se inicia un incremento de la inversión extranjera directa hacia esta industria, y en la década de los 90 dicho incremento se acentúa, en el periodo 1994 – 2001. La inversión acumulada que llega al sector manufacturero fue de 49,030 millones de dólares lo que equivale a 51% de la inversión extranjera total ingresada a la economía mexicana. Este impulso a favor de la industria manufacturera en México se explica no solo por el interés de producir para el mercado interno, sino también por la intención de convertir al país en una potencia exportadora de productos manufacturados y así lograr una mayor captación de divisas.


Se da un proceso de reestructuración en el que algunas de las más grandes empresas resultan beneficiadas, en tanto que otras no logran enfrentar la competencia externa y su sobrevivencia se logra con grandes dificultades económicas. Entre las que se encuentran las siguientes:


􀂃 El retiro del Estado en su participación como protector de las empresas.


􀂃 El aparato productivo depende del extranjero, es decir, la mayor parte de la tecnología, la maquinaria y los insumos son importados; esto hace que los costos sean muy altos, sumándose así la devaluación y un proceso inflacionario que hacen más difícil enfrentar la competencia.


􀂃 La micro, pequeña y mediana empresa tienen un acceso muy limitado a los créditos, ya que estos son otorgados solo a empresas que tienen grandes volúmenes de operación y proyectos rentables.


􀂃 Las tasas de interés son muy altas y la deuda puede generar descapitalización, con


lo cual la mayoría de estas empresas termina engrosando las carteras vencidas de los bancos.


􀂃 La disminución de la demanda de productos, debido a la política salarial restrictiva que redujo la capacidad adquisitiva de los consumidores.


􀂃 El aumento de la competencia externa y la introducción de nuevos productos al mercado mexicano a precios menores en comparación con los nacionales.





Lo anterior significó una disminución de unidades productivas, provocada por el estancamiento de la economía mexicana y la quiebra de empresas que sucumbieron ante la apertura externa, lo que contribuyó a un comportamiento escaso y errático de la actividad económica observado durante el periodo 1983-1994, correspondientes a los sexenios de De la Madrid y Salinas lo que se tradujo, en consecuencia, en fuertes


incrementos del desempleo.





Al sexenio de Miguel De la Madrid se le ha llamado “el sexenio del crecimiento cero” (1983-1988), la Población Económicamente Activa (PEA) creció en 5.6 millones de personas y sólo se generaron 2.4 millones de empleos, por lo que el desempleo acumulado para todo el sexenio ascendió a 3.2 millones de mexicanos que pasaron a engrosar los cinturones de miseria que tanto laceran el cuerpo social del país.





Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) continuó con el proceso de cambio económico. Continuó con la privatización de empresas públicas, la apertura al comercio exterior y la desregulación. En 1994 entró en vigor el tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN). Durante el gobierno de Salinas se abrieron varios de los sectores que hasta entonces estaban restringidos a mexicanos o al Estado y se aumentó el porcentaje permitido de propiedad extranjera en otros sectores y los bancos fueron vendidos de regreso al sector privado.


A pesar de las supuestas bondades de estas medidas, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994) se sumaron otros 4.6 millones de mexicanos a la larga fila de desempleados, arrojando un total de 7.8 millones de “parados” para todo el periodo 1983-1994, dejando en entredicho la supuesta superioridad del mercado como generador de bienestar social.


Los resultados económicos mejoraron durante el gobierno salinista. El promedio de crecimiento en el mismo periodo fue de 3.9 por ciento. Sin embargo, dicho crecimiento se derrumbó al iniciar la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) cuando se presenta la tercera crisis de fin de sexenio. El PIB disminuyó 6.2 por ciento en 1995 y la inflación llegó a 52 por ciento al final del mismo año. El gobierno de Salinas había mantenido el tipo de cambio fijo a pesar de que las reservas internacionales se agotaban con rapidez (en ese tiempo el monto de reservas no era dado a conocer públicamente).





En diciembre de 1994 se inició la crisis cuando el gobierno de Zedillo se vio obligado a


devaluar el peso. La crisis de 1995 representó la quiebra de los bancos y de muchas empresas.


La crisis fue muy profunda pero corta, en 1996 se alcanzó un crecimiento económico de 5.1 por ciento. Después de que la situación económica mejoró, Zedillo se planteó como meta que no hubiera otra crisis de fin de sexenio. El crecimiento de la economía de 1995 a 2000 fue, en promedio, 3.5 por ciento y la inflación fe 22.5 por ciento en el mismo lapso.





Crisis de 1994 y FOBAPROA


Los procesos de desincorporación de empresas públicas, de desregulación y de apertura económica, no sólo han permitido el adelgazamiento del Estado, sino que han tenido significativos efectos macroeconómicos.


La empresa pública, acostumbrada a vivir del gasto público y no de sus utilidades, sobrevivía gracias a los recursos del gobierno federal; la transferencia de dichos recursos a la empresa pública, no sólo la hizo deficiente e improductiva en muchos casos, sino que se tradujo además en mayores niveles de deuda externa e interna y en el rezago en servicios como los urbanos, sanitarios, educativos, etc. Sin embargo, y a pesar de la privatización, todos esos problemas siguen estando claramente presentes y se traducen en un continuo deterioro de las condiciones de vida de la población nacional, principalmente la de más escasos recursos económicos, tanto rural como urbana.


La desincorporación de empresas paraestatales ha permitido reducir transferencias de


recursos y subsidios, que se realizaban a dichas empresas para su sobrevivencia, esto a tenido efectos positivos en el saneamiento y equilibrio de las finanzas públicas. Sin embargo, dicha corrección en las finanzas se ha acompañado con la aparición de


desequilibrios incluso mayores, como el provocado por los cuantiosos recursos públicos que se destinaron al “rescate bancario” concretado con el FOBAPROA. Por consiguiente, se está aun muy lejos de tener un equilibrio en las finanzas públicas que permita crear un clima de confianza y de estabilidad macroeconómica (nivel de producción, empleo, precios, moneda, deuda pública, etc.) para que los agentes económicos puedan mediante el mercado lograr una asignación más eficiente de recursos, que se traduzca en mayores tasas de crecimiento económico nacional y de bienestar social.


A mediados de los ochenta y principios de los noventa, la balanza de pagos en su cuenta de capital privado registró un significativo y creciente superávit, producto de la repatriación de capitales nacionales, así como de un significativo crecimiento de la inversión extranjera, tanto productiva como financiera. Durante el período de 1983 a 1993, el saldo acumulado de la cuenta de capital privada ascendió a 85, 710.6 millones de dólares, es decir, después de 10 años de privatizaciones, la iniciativa privada nacional y extranjera empezaba a confiar en las nuevas medidas de política económica (tributaria, arancelaria, de gasto público, monetaria, crediticia, financiera, cambiaria, comercial e industrial), así como en el cambio estructural realizado por los gobiernos en turno.


Sin embargo esa situación no pudo mantenerse, y para fines de 1994 la crisis se manifestó, cuando los requerimientos de capital para financiar los desequilibrios productivos y el déficit externo, rebasaron la entrada de capitales. Éstos se frenaron por las propias expectativas negativas que los problemas del sector externo y de la economía habían configurado; posteriormente, lo anterior se acentuó por el alza de la tasa de interés de EE.UU. La incertidumbre y la pérdida de confianza que promueve la salida de capitales se derivaron de la falta de perspectivas de rentabilidad y crecimiento de la economía inmediatamente después de manifestada la crisis económica.


Bajo estas condiciones, no se puede mantener un modelo económico que está destruyendo sectores y ramas de la economía, y que además, no genera alternativas de crecimiento de la inversión, ni del empleo, sino que además los complica cada día más. Al proseguir el modelo neoliberal, continuarán las ganancias para el país victorioso EE.UU. y las consecuentes presiones sobre el sector externo. Esto no sólo frenará el crecimiento, sino que dificultará las condiciones de pago de la economía, perpetuando la crisis y la perdida de soberanía nacional frente al vecino país del norte.


De esta manera, la apertura de la economía nacional fue la causa fundamental de la crisis de 1994-95, y con posterioridad se ha mantenido como una fuente permanente de inestabilidad, que sólo podría ser adecuadamente enfrentada con un replanteamiento de la política económica predominante interna, lo que implica una mayor y mejor cooperación entre los diversos sectores económicos; y por el otro, modificar orden económico internacional existente, con el animo de que la economía nacional pueda en el largo plazo alcanzar un crecimiento económico estable, que le permita competir en mejores condiciones dentro del mercado internacional.


En el 2000 ya se había logrado volver a tener tasas de inflación de un sólo dígito, en diciembre de ese año la variación de los precios fue de 9 por ciento. Durante este sexenio la deuda pública externa se redujo casi a la mitad como proporción del PIB: en 1994 representaba el 21.1 por ciento y en 2000 se redujo al 10.4 por ciento.





Vicente Fox Quesada (2000-2006) ha mantenido el modelo económico heredado de sus antecesores. Aunque en 2001 el PIB presentó una caída de 0.1 por ciento no se puede hablar de una nueva crisis sexenal porque se mantuvo la estabilidad en los demás indicadores económicos como, por ejemplo, la inflación y el tipo de cambio.


En este sexenio se ha logrado restablecer la estabilidad económica. Aunque el crecimiento del PIB no ha sido muy bueno, el país parece estar lejos de las devaluaciones, las altas tasas de inflación, el elevado déficit fiscal y la enorme deuda que tanto daño le hicieron en el pasado





III.4.4. La crisis agropecuaria.


En un estudio de David Ibarra, (2003) señala que la inserción plena de la agricultura mexicana al mercado, a la globalización había sido planteada como vía de modernización y crecimiento, como solución a los viejos problemas de marginación y de pobreza, así como una salida al paternalismo autoritario del Estado que entorpecía la iniciativa y las capacidades de los productores.


Para dicho autor, las estrategias que se siguieron al respecto presentaban tenían que tropezar con obstáculos, entre los que destacan:


El pasar por alto que en nuestro país existen no una agricultura, sino muchas agriculturas, por lo que las políticas deben ser diferentes en cada caso.


No se anticipó la ruptura evolutiva en que los mercados de trabajo urbanos absorbían a los rurales, por lo que no se evaluaron las consecuencias sociales que habrían de expresarse con virulencia en el futuro.


Los ritmos de crecimiento del producto agropecuario se han debilitado al pasar de 3.2 % anual entre 1960 y 1980 a poco más del 1 % en la década de los ochenta, Si bien se presenta un repunte en las últimas décadas, (1.6 %) no alcanza ni remotamente los


niveles de los años del desarrollo estabilizador.


Por su parte el empleo agrícola quedó prácticamente estancado, fluctuando entre 6.2 y 6.4 millones de trabajadores rurales. El crecimiento de de la población económicamente activa del campo, más del 2,5 %, tuvo que encontrar salida en la emigración, tanto a las ciudades como a los Estados Unidos, a la par que la población campesina se empobrecía.


A partir de loa años ochenta y coincidiendo con la aplicación del neoliberalismo, se debilita sensiblemente la demanda de trabajo en las ciudades, manufacturas, maquilas, construcción y servicios, lo que generó intensas tensiones sociales en el campo mexicano al cerrarse uno tras otro los desfogues demográficos mas importantes en el interior de la economía nacional.





La aplicación del tratado del Libre Comercio, ha deteriorado la balanza comercial agropecuaria, cuyos déficits se duplicaron a partir de la apertura comercial, que desprotegió a los campesinos mexicanos ante sus competidores extranjeros. Fiel a los


lineamientos de los organismos multilaterales, el gobierno mexicano desmanteló los subsidios y el apoyo a los productores rurales mexicanos, a pesar de que los gobiernos de los países desarrollados subsidian generosamente a sus agricultores.





Con el modelo neoliberal, la agricultura “dual” se ha ido acentuando al coexistir un agricultura tradicional con recursos técnicos rudimentarios y con una producción básicamente destinada al autoconsumo, con una agricultura “moderna” dedicada a la producción de bienes agrícolas para la exportación, que ha tenido un desempeño importante en los últimos años, a pesar del atraso y abandono de la agricultura tradicional.


De lo anterior, cabe inferir que los beneficios del Libre comercio exportador se han concentrado en un número reducido de productores, mientras que el grueso de los campesinos continúan dependiendo de un mercado interno de lento crecimiento e intensamente competido por los productores agrícolas extranjeros que beneficiados por los subsidios que reciben pueden vender a México sus productos a bajo precio. Cabe agregar que en este periodo las importaciones agrícolas en el país crecieron de manera importante.





De acuerdo a Jaime Ornelas (2004) “La situación social y económica del campo mexicano, se ha visto afectada por tres hechos: a) La conclusión, el 31 de diciembre del 2003, del plazo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN) para eliminar las salvaguardas al sector agropecuario mexicano; b) La entrada en vigor en Estados Unidos de la “Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural”, donde se acuerda subsidiara los agricultores estadunidenses con más de 183 mil millones de dólares durante los siguientes 10 años; y c] La falta de respuestas eficaces del gobierno federal frente a la difícil situación del campo.


Los gobiernos recientes han mantenido en el campo el énfasis privatizador—iniciado con las reformas al artículo 27constitucional en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari— y de libre mercado, política que ha significado la destrucción de la propiedad ejidal y el aumento de las dificultades para producir y comercializar que enfrentan los agricultores mexicanos cuyos apoyos, además de haberse reducido, se concentran en unos cuantos productores; situación y condición que les impide competir con los agricultores norteamericanos que reciben multimillonarios subsidios y apoyos diversos.


Siguiendo con Ornelas, “La crisis del campo se expresa en una evidente pérdida de soberanía alimentaria y una mayor dependencia hacia Estados Unidos, lo que hoy significa que en el año agrícola 2003/04 (junio/julio) México haya importado 6.5 millones de toneladas de maíz; 4.4 millones de toneladas de frijol; 3.4millones de toneladas de trigo y 17.8 millones de granos forrajeros y, según el gobierno estadunidense, la tendencia de las importaciones mexicanas de granos básicos seguirá creciendo. (…) Todo esto ha ocasionado que el valor de la producción del sector agropecuario, haya descendido al 5.8 por ciento del PIB.


Ante la crisis del campo, no se ha tomado la decisión de utilizar el gasto público como


instrumento para reactivar la producción, el empleo y la demanda.


Esto significa la necesidad, al parecer incomprendida por el gobierno, de reactivar el mercado interno mejorando la distribución de la riqueza y el ingreso, único camino para abatir la pobreza.