LECTURA No. 14 TERCER AÑO

Desregulación económica

Se entiende por desregulación la pérdida paulatina del control del Estado en las actividades económicas, en la flexibilización de la normatividad mediante la cual se regula el funcionamiento del mercado y de los agentes por parte del gobierno, pero sobre todo por el desmantelamiento de las empresas de propiedad publica que pasan a manos de los inversionistas privados.

La desregulación, está dirigida a modificar el marco normativo de las actividades económicas existentes y crear otro nuevo. De manera que fueron necesarios, cambios en la Constitución con la finalidad, desde la perspectiva gubernamental de estimular las actividades productivas, elevar la productividad, promover la competencia e impulsar al mismo tiempo el beneficio global para la sociedad. En este sentido, se fue agilizando la coordinación entre los procesos de desregulación, privatización, apertura y el resto de los instrumentos de política económica.

La desregulación económica, pasa también por una reforma administrativa, con la cual se busca simplificar una serie de trámites innecesarios, así como desburocratizar al Estado

La reforma administrativa para la simplificación administrativa pública, esta a cargo de la Contraloría General de la Federación, misma que se encarga de resolver todos los actos de corrupción en que incurran los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno (federal, estatal o municipal).

Finalmente, y como parte de la desregulación general, y la financiera en particular, al

Banco de México se le concede su Autonomía en 1994, esto es, se separa formalmente de la injerencia directa del gobierno federal, para actuar en esta etapa neoliberal de manera autónoma e independiente. Sin embargo, será ahora el mercado, quien ha de dictar las nuevas pautas a seguir del Banco de México.

III.4.2 Privatizaciones, apertura comercial

La lógica de las privatizaciones del sector público

Uno de los postulados básicos de la estrategia neoliberal implementada por el gobierno a partir de 1982, se dirigió a redefinir el papel del Estado y a transformar la economía, que hasta entonces era regulada por las políticas gubernamentales, con un mercado interno protegido hacia una economía abierta y orientada hacia el mercado.

Independientemente de los postulados económicos expresados en las medidas correctivas impuestas por el FMI y el BM, fue una realidad que el Estado mexicano no supo administrar y controlar adecuadamente el tamaño del sector público que fue creciendo poco a poco y que a fines de 1982 contaba con 1155 empresas, siendo una

gran carga económica para el país.

La crisis de la deuda externa y la incapacidad productiva de las empresas públicas, fueron la coyuntura ideal para la privatización, la cual buscaba, por un lado, la desincorporación de aquellas entidades que ya no eran prioritarias ni estratégicas para el país y cuya administración debería pasar a manos del sector privado o social, por otro lado, eliminar las constantes y cuantiosas transferencias de recursos fiscales y subsidios que requerían para su operación con la finalidad, según el discurso gubernamental, de liberar recursos públicos para que el gobierno aumentara el gasto social y estuviera en condiciones de atender las demandas más apremiantes de la población (infraestructura, pobreza, educación, salud, vivienda, etc.).

Así, el redimensionamiento del Estado implicó no solamente vender empresas, sino también medidas adicionales como fusiones, extinciones, transferencias y liquidaciones, dependiendo de la situación real que guardaran las empresas en ese momento. De esta manera, se observa como la SHCP da paso a la separación de un gran conjunto de empresas, que sobrevivían bajo la sombra y apoyo del gasto público. Con esto, el Estado mexicano no sólo se desprendía de esas empresas, sino que fue achicando también sus funciones económicas.

Cabe agregar que la desincorporación de empresas paraestatales continúo en los sexenios posteriores a Miguel De la Madrid, y Salinas entre las que podemos mencionar parte de la petroquímica secundaria. en el sexenio de Ernesto Zedillo y en el sexenio de Fox, se rescató la banca y el sector carretero, se apoyó a deudores tanto de la banca como del fisco y como parte del programa privatizador, el gobierno de Vicente Fox ha venido cabildeando ante el congreso para conseguir la privatización de entidades como:

Seguro Social, sector eléctrico y el resto del sector energético.

Así, a través de las privatizaciones, la política económica sufre un cambio radical y con ello el papel del Estado; con ello, no sólo define el nuevo marco institucional, sino las nuevas reglas del juego, para que sea ahora la iniciativa privada nacional en alianza con la extranjera sean quienes asuman la tarea económica nacional que cumplía el Estado. Sin embargo, es necesario señalar que el éxito de un modelo no depende únicamente de las transacciones económicas que ocurran en los mercados y en el sector privado, sino también de la educación, del bienestar social y de la infraestructura que siguen siendo proporcionados por el Estado, pues sería poco realista suponer que el mercado es el único mecanismo de asignación de recursos en una economía, sin advertir que muy frecuentemente, el mismo desarrollo de los mercados es el resultado de una acción estatal deliberada.

Finalmente, habría que tener presente que el fenómeno de la privatización ha sobrepasado el nivel federal y ha alcanza a los mismos Estados y Municipios, con la llamada “desincorporación prospectiva”, en donde toca su turno a: agua potable y alcantarillado, servicios de limpia, transporte público, mercados y centrales de abasto, centrales camioneras, centros deportivos, panteones, rastros, estadios deportivos y plazas de toros. Lo anterior implica readecuar las distintas leyes y reglamentos que norman y regulan el comportamiento de los agentes económicos en los Estados y Municipios, ya que resulta evidente que dotar a la población de mayores y mejores bienes y servicios públicos en un mercado de libre competencia sólo será posible si se

perfecciona el funcionamiento de los mercados con una regulación estatal y municipal adecuada, lo que a su vez debería provocar nuevas inversiones en beneficio de la población y de la modernización.

Esa tendencia a la privatización de servicios públicos en estados y municipios, ya está presente en ciudades como la de Puebla, donde se ha concesionado a empresas privadas los servicios de limpia y de alumbrado público.

La apertura comercial.

La política económica del gobierno de Miguel de la Madrid que inició el primero de diciembre de 1982, planteó, dentro de la reforma estructural de orientación de mercado, fomentar la competitividad externa de la economía a partir de la liberalización del comercio exterior. En otras palabras, el gobierno, según palabras del presidente “se propuso elevar la eficiencia competitiva de la industria nacional e impulsar las exportaciones manufactureras, a fin de generar ingresos de divisas suficientes para cubrir el valor de nuestras importaciones manufactureras, superando de este modo la necesidad permanente de financiamiento externo…Seguimos un intenso proceso de racionalización de la protección comercial para inducir mayor eficiencia y competitividad de nuestra economía nacional"

De esa manera, las estructuras productivas y financieras de la economía mexicana, deberían responder a la racionalidad económica de los mercados mundiales y, por tanto, había que desmantelar la industrialización sustitutiva, es decir, abrir la economía a la competencia internacional para hacer posible la desaceleración de la inflación y la recuperación del crecimiento económico y reducir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Como se vio en la tabla una de las “la reformas estructurales” es la reforma del sector

externo que comprende la liberalización comercial, los programas industriales, cambios en las restricciones a la inversión extranjera, la reforma de la ley de protección de la propiedad intelectual, la incorporación de México a los organismos mundiales que regulan el comercio (GATT, OMC) y la firma de acuerdos de libre comercio con diversos países y regiones del mundo).

La mencionada liberalización comercial inició con Miguel de la Madrid (1983-1988) y fue continuada y profundizada por su sucesor, Carlos Salinas de Gortari (1989-1994), el fuerte control que mantenía el Estado sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios a principios de los ochenta, se empieza a desvanecer gracias a las políticas neoliberales

La nueva estrategia neoliberal orientada hacia el exterior, bajo el supuesto de que este cambio en la estructura económica permitiría una mayor integración del país hacia el mercado internacional globalizado. Esa orientación hacia el exterior tuvo dos momentos centrales, que implicaron la eliminación del proteccionismo de mercado que se mantenía en el modelo ISI:

􀂃 El primer momento fue en el año de 1986, cuando México se incorpora al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), con lo cual se reducen los aranceles a la importación de una gran cantidad de productos, originando una inundación de productos extranjeros al mercado nacional. Posteriormente al ingresó Mexico a ese organismo (1989), se inicia formalmente el programa de desregulación en México que corre a cargo de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, con la finalidad de, fomentar una estructura de mercado orientada a la competencia, que obligue a los productores nacionales a modernizarse para tener condiciones de exportación, permitiendo la entrada de un mayor número de participantes o competidores, principalmente extranjeros, y reduciendo gradualmente, pero de manera significativa, las cuotas, permisos y barreras arancelarias relacionadas con el comercio exterior.

􀂃 La segunda etapa de la apertura comercial consiste en la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (TLC) cuyo objetivo final es la libre circulación de mercancías y capitales entre estos tres países. La firma de este tratado convirtió a México en uno de los exportadores más importantes del mundo, creciendo sobre todo las exportaciones no petroleras, si bien las importaciones mexicanas han crecido a un ritmo igualmente elevado.

Firma del TLC México-EUA-Canadá e impacto económico, 1994-2004

Al fustigar el modelo proteccionista existente en México por décadas, Salinas de Gortari actuó en consecuencia profundizando el proceso de apertura comercial, anunciando, desde el primer año de su gobierno, “su intención de negociar acuerdos bilaterales de libre comercio que proporcionaran a México una adecuada reciprocidad a la apertura unilateral que México había venido haciendo de su comercio exterior”. [Ramales M; 2004] De esa manera, “el primer tratado que se firmó fue con Chile en septiembre de 1991 y posteriormente se negoció otro con Colombia y Venezuela que entró en vigor en 1994. Las negociaciones del tratado con Estados Unidos y Canadá, por razón de su misma importancia, fueron mucho más largas y complicadas”.

Obviamente, el objetivo explícito e implícito de la firma de tal acuerdo, así como de otros tantos que ha firmado México con otros países y regiones del resto del mundo, es exportar más al mercado más grande del mundo (el de Estados Unidos) a fin de imprimirle mayor dinamismo a nuestra economía:

“La enorme importancia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no puede ser minimizada. Para México significa la apertura del mercado más grande del mundo a sus exportaciones, principalmente de manufacturas, así como un factor fundamental para la atracción de inversiones y la creación de empleos...”.

En términos de flujos comerciales, “El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido un instrumento clave para incrementar los flujos de comercio e inversión entre México, Estados Unidos y Canadá. Hoy, Norteamérica es una de las regiones comerciales más dinámicas e integradas del mundo; aproximadamente una cuarta parte del comercio total de la región se realiza entre los países socios del TLCAN”.

III.4.3 .Crecimiento económico durante el modelo neoliberal

La crisis que en las décadas recientes se ha vivido a nivel mundial, ha contribuido a muchos cambios y el caso de México no es la excepción. En la economía mexicana, entre los cambios se encuentra el agotamiento del modelo ISI basado en el mercado interno, y su remplazamiento por un Modelo Neoliberal orientado al mercado externo, a partir de los años ochenta el gobierno mexicano comienza la aplicación de una serie de políticas de corte neoliberal, con las cuales se intenta una modificación en el funcionamiento del aparato productivo para que sea más eficiente y enfrente la apertura comercial. Entre los cambios más relevantes se encuentran los siguientes:

a) El Estado deja de ser empresario, es decir, que inicia todo un proceso de privatización de empresas públicas vendiéndolas al sector privado, con lo cual se busca que este sector sea el motor de la economía y quien organice la producción nacional.

b) El proceso de industrialización va a estar basado en la penetración de inversión extranjera directa, la cual se dirige principalmente a la industria manufacturera. Es a partir de 1986 que se inicia un incremento de la inversión extranjera directa hacia esta industria, y en la década de los 90 dicho incremento se acentúa, en el periodo 1994 – 2001. La inversión acumulada que llega al sector manufacturero fue de 49,030 millones de dólares lo que equivale a 51% de la inversión extranjera total ingresada a la economía mexicana. Este impulso a favor de la industria manufacturera en México se explica no solo por el interés de producir para el mercado interno, sino también por la intención de convertir al país en una potencia exportadora de productos manufacturados y así lograr una mayor captación de divisas.

Se da un proceso de reestructuración en el que algunas de las más grandes empresas resultan beneficiadas, en tanto que otras no logran enfrentar la competencia externa y su sobrevivencia se logra con grandes dificultades económicas. Entre las que se encuentran las siguientes:

􀂃 El retiro del Estado en su participación como protector de las empresas.

􀂃 El aparato productivo depende del extranjero, es decir, la mayor parte de la tecnología, la maquinaria y los insumos son importados; esto hace que los costos sean muy altos, sumándose así la devaluación y un proceso inflacionario que hacen más difícil enfrentar la competencia.

􀂃 La micro, pequeña y mediana empresa tienen un acceso muy limitado a los créditos, ya que estos son otorgados solo a empresas que tienen grandes volúmenes de operación y proyectos rentables.

􀂃 Las tasas de interés son muy altas y la deuda puede generar descapitalización, con

lo cual la mayoría de estas empresas termina engrosando las carteras vencidas de los bancos.

􀂃 La disminución de la demanda de productos, debido a la política salarial restrictiva que redujo la capacidad adquisitiva de los consumidores.

􀂃 El aumento de la competencia externa y la introducción de nuevos productos al mercado mexicano a precios menores en comparación con los nacionales.

Lo anterior significó una disminución de unidades productivas, provocada por el estancamiento de la economía mexicana y la quiebra de empresas que sucumbieron ante la apertura externa, lo que contribuyó a un comportamiento escaso y errático de la actividad económica observado durante el periodo 1983-1994, correspondientes a los sexenios de De la Madrid y Salinas lo que se tradujo, en consecuencia, en fuertes

incrementos del desempleo.

Al sexenio de Miguel De la Madrid se le ha llamado “el sexenio del crecimiento cero” (1983-1988), la Población Económicamente Activa (PEA) creció en 5.6 millones de personas y sólo se generaron 2.4 millones de empleos, por lo que el desempleo acumulado para todo el sexenio ascendió a 3.2 millones de mexicanos que pasaron a engrosar los cinturones de miseria que tanto laceran el cuerpo social del país.

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) continuó con el proceso de cambio económico. Continuó con la privatización de empresas públicas, la apertura al comercio exterior y la desregulación. En 1994 entró en vigor el tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN). Durante el gobierno de Salinas se abrieron varios de los sectores que hasta entonces estaban restringidos a mexicanos o al Estado y se aumentó el porcentaje permitido de propiedad extranjera en otros sectores y los bancos fueron vendidos de regreso al sector privado.

A pesar de las supuestas bondades de estas medidas, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994) se sumaron otros 4.6 millones de mexicanos a la larga fila de desempleados, arrojando un total de 7.8 millones de “parados” para todo el periodo 1983-1994, dejando en entredicho la supuesta superioridad del mercado como generador de bienestar social.

Los resultados económicos mejoraron durante el gobierno salinista. El promedio de crecimiento en el mismo periodo fue de 3.9 por ciento. Sin embargo, dicho crecimiento se derrumbó al iniciar la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) cuando se presenta la tercera crisis de fin de sexenio. El PIB disminuyó 6.2 por ciento en 1995 y la inflación llegó a 52 por ciento al final del mismo año. El gobierno de Salinas había mantenido el tipo de cambio fijo a pesar de que las reservas internacionales se agotaban con rapidez (en ese tiempo el monto de reservas no era dado a conocer públicamente).

En diciembre de 1994 se inició la crisis cuando el gobierno de Zedillo se vio obligado a

devaluar el peso. La crisis de 1995 representó la quiebra de los bancos y de muchas empresas.

La crisis fue muy profunda pero corta, en 1996 se alcanzó un crecimiento económico de 5.1 por ciento. Después de que la situación económica mejoró, Zedillo se planteó como meta que no hubiera otra crisis de fin de sexenio. El crecimiento de la economía de 1995 a 2000 fue, en promedio, 3.5 por ciento y la inflación fe 22.5 por ciento en el mismo lapso.

Crisis de 1994 y FOBAPROA

Los procesos de desincorporación de empresas públicas, de desregulación y de apertura económica, no sólo han permitido el adelgazamiento del Estado, sino que han tenido significativos efectos macroeconómicos.

La empresa pública, acostumbrada a vivir del gasto público y no de sus utilidades, sobrevivía gracias a los recursos del gobierno federal; la transferencia de dichos recursos a la empresa pública, no sólo la hizo deficiente e improductiva en muchos casos, sino que se tradujo además en mayores niveles de deuda externa e interna y en el rezago en servicios como los urbanos, sanitarios, educativos, etc. Sin embargo, y a pesar de la privatización, todos esos problemas siguen estando claramente presentes y se traducen en un continuo deterioro de las condiciones de vida de la población nacional, principalmente la de más escasos recursos económicos, tanto rural como urbana.

La desincorporación de empresas paraestatales ha permitido reducir transferencias de

recursos y subsidios, que se realizaban a dichas empresas para su sobrevivencia, esto a tenido efectos positivos en el saneamiento y equilibrio de las finanzas públicas. Sin embargo, dicha corrección en las finanzas se ha acompañado con la aparición de

desequilibrios incluso mayores, como el provocado por los cuantiosos recursos públicos que se destinaron al “rescate bancario” concretado con el FOBAPROA. Por consiguiente, se está aun muy lejos de tener un equilibrio en las finanzas públicas que permita crear un clima de confianza y de estabilidad macroeconómica (nivel de producción, empleo, precios, moneda, deuda pública, etc.) para que los agentes económicos puedan mediante el mercado lograr una asignación más eficiente de recursos, que se traduzca en mayores tasas de crecimiento económico nacional y de bienestar social.

A mediados de los ochenta y principios de los noventa, la balanza de pagos en su cuenta de capital privado registró un significativo y creciente superávit, producto de la repatriación de capitales nacionales, así como de un significativo crecimiento de la inversión extranjera, tanto productiva como financiera. Durante el período de 1983 a 1993, el saldo acumulado de la cuenta de capital privada ascendió a 85, 710.6 millones de dólares, es decir, después de 10 años de privatizaciones, la iniciativa privada nacional y extranjera empezaba a confiar en las nuevas medidas de política económica (tributaria, arancelaria, de gasto público, monetaria, crediticia, financiera, cambiaria, comercial e industrial), así como en el cambio estructural realizado por los gobiernos en turno.

Sin embargo esa situación no pudo mantenerse, y para fines de 1994 la crisis se manifestó, cuando los requerimientos de capital para financiar los desequilibrios productivos y el déficit externo, rebasaron la entrada de capitales. Éstos se frenaron por las propias expectativas negativas que los problemas del sector externo y de la economía habían configurado; posteriormente, lo anterior se acentuó por el alza de la tasa de interés de EE.UU. La incertidumbre y la pérdida de confianza que promueve la salida de capitales se derivaron de la falta de perspectivas de rentabilidad y crecimiento de la economía inmediatamente después de manifestada la crisis económica.

Bajo estas condiciones, no se puede mantener un modelo económico que está destruyendo sectores y ramas de la economía, y que además, no genera alternativas de crecimiento de la inversión, ni del empleo, sino que además los complica cada día más. Al proseguir el modelo neoliberal, continuarán las ganancias para el país victorioso EE.UU. y las consecuentes presiones sobre el sector externo. Esto no sólo frenará el crecimiento, sino que dificultará las condiciones de pago de la economía, perpetuando la crisis y la perdida de soberanía nacional frente al vecino país del norte.

De esta manera, la apertura de la economía nacional fue la causa fundamental de la crisis de 1994-95, y con posterioridad se ha mantenido como una fuente permanente de inestabilidad, que sólo podría ser adecuadamente enfrentada con un replanteamiento de la política económica predominante interna, lo que implica una mayor y mejor cooperación entre los diversos sectores económicos; y por el otro, modificar orden económico internacional existente, con el animo de que la economía nacional pueda en el largo plazo alcanzar un crecimiento económico estable, que le permita competir en mejores condiciones dentro del mercado internacional.

En el 2000 ya se había logrado volver a tener tasas de inflación de un sólo dígito, en diciembre de ese año la variación de los precios fue de 9 por ciento. Durante este sexenio la deuda pública externa se redujo casi a la mitad como proporción del PIB: en 1994 representaba el 21.1 por ciento y en 2000 se redujo al 10.4 por ciento.

Vicente Fox Quesada (2000-2006) ha mantenido el modelo económico heredado de sus antecesores. Aunque en 2001 el PIB presentó una caída de 0.1 por ciento no se puede hablar de una nueva crisis sexenal porque se mantuvo la estabilidad en los demás indicadores económicos como, por ejemplo, la inflación y el tipo de cambio.

En este sexenio se ha logrado restablecer la estabilidad económica. Aunque el crecimiento del PIB no ha sido muy bueno, el país parece estar lejos de las devaluaciones, las altas tasas de inflación, el elevado déficit fiscal y la enorme deuda que tanto daño le hicieron en el pasado

III.4.4. La crisis agropecuaria.

En un estudio de David Ibarra, (2003) señala que la inserción plena de la agricultura mexicana al mercado, a la globalización había sido planteada como vía de modernización y crecimiento, como solución a los viejos problemas de marginación y de pobreza, así como una salida al paternalismo autoritario del Estado que entorpecía la iniciativa y las capacidades de los productores.

Para dicho autor, las estrategias que se siguieron al respecto presentaban tenían que tropezar con obstáculos, entre los que destacan:

El pasar por alto que en nuestro país existen no una agricultura, sino muchas agriculturas, por lo que las políticas deben ser diferentes en cada caso.

No se anticipó la ruptura evolutiva en que los mercados de trabajo urbanos absorbían a los rurales, por lo que no se evaluaron las consecuencias sociales que habrían de expresarse con virulencia en el futuro.

Los ritmos de crecimiento del producto agropecuario se han debilitado al pasar de 3.2 % anual entre 1960 y 1980 a poco más del 1 % en la década de los ochenta, Si bien se presenta un repunte en las últimas décadas, (1.6 %) no alcanza ni remotamente los

niveles de los años del desarrollo estabilizador.

Por su parte el empleo agrícola quedó prácticamente estancado, fluctuando entre 6.2 y 6.4 millones de trabajadores rurales. El crecimiento de de la población económicamente activa del campo, más del 2,5 %, tuvo que encontrar salida en la emigración, tanto a las ciudades como a los Estados Unidos, a la par que la población campesina se empobrecía.

A partir de loa años ochenta y coincidiendo con la aplicación del neoliberalismo, se debilita sensiblemente la demanda de trabajo en las ciudades, manufacturas, maquilas, construcción y servicios, lo que generó intensas tensiones sociales en el campo mexicano al cerrarse uno tras otro los desfogues demográficos mas importantes en el interior de la economía nacional.

La aplicación del tratado del Libre Comercio, ha deteriorado la balanza comercial agropecuaria, cuyos déficits se duplicaron a partir de la apertura comercial, que desprotegió a los campesinos mexicanos ante sus competidores extranjeros. Fiel a los

lineamientos de los organismos multilaterales, el gobierno mexicano desmanteló los subsidios y el apoyo a los productores rurales mexicanos, a pesar de que los gobiernos de los países desarrollados subsidian generosamente a sus agricultores.

Con el modelo neoliberal, la agricultura “dual” se ha ido acentuando al coexistir un agricultura tradicional con recursos técnicos rudimentarios y con una producción básicamente destinada al autoconsumo, con una agricultura “moderna” dedicada a la producción de bienes agrícolas para la exportación, que ha tenido un desempeño importante en los últimos años, a pesar del atraso y abandono de la agricultura tradicional.

De lo anterior, cabe inferir que los beneficios del Libre comercio exportador se han concentrado en un número reducido de productores, mientras que el grueso de los campesinos continúan dependiendo de un mercado interno de lento crecimiento e intensamente competido por los productores agrícolas extranjeros que beneficiados por los subsidios que reciben pueden vender a México sus productos a bajo precio. Cabe agregar que en este periodo las importaciones agrícolas en el país crecieron de manera importante.

De acuerdo a Jaime Ornelas (2004) “La situación social y económica del campo mexicano, se ha visto afectada por tres hechos: a) La conclusión, el 31 de diciembre del 2003, del plazo establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN) para eliminar las salvaguardas al sector agropecuario mexicano; b) La entrada en vigor en Estados Unidos de la “Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural”, donde se acuerda subsidiara los agricultores estadunidenses con más de 183 mil millones de dólares durante los siguientes 10 años; y c] La falta de respuestas eficaces del gobierno federal frente a la difícil situación del campo.

Los gobiernos recientes han mantenido en el campo el énfasis privatizador—iniciado con las reformas al artículo 27constitucional en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari— y de libre mercado, política que ha significado la destrucción de la propiedad ejidal y el aumento de las dificultades para producir y comercializar que enfrentan los agricultores mexicanos cuyos apoyos, además de haberse reducido, se concentran en unos cuantos productores; situación y condición que les impide competir con los agricultores norteamericanos que reciben multimillonarios subsidios y apoyos diversos.

Siguiendo con Ornelas, “La crisis del campo se expresa en una evidente pérdida de soberanía alimentaria y una mayor dependencia hacia Estados Unidos, lo que hoy significa que en el año agrícola 2003/04 (junio/julio) México haya importado 6.5 millones de toneladas de maíz; 4.4 millones de toneladas de frijol; 3.4millones de toneladas de trigo y 17.8 millones de granos forrajeros y, según el gobierno estadunidense, la tendencia de las importaciones mexicanas de granos básicos seguirá creciendo. (…) Todo esto ha ocasionado que el valor de la producción del sector agropecuario, haya descendido al 5.8 por ciento del PIB.

Ante la crisis del campo, no se ha tomado la decisión de utilizar el gasto público como

instrumento para reactivar la producción, el empleo y la demanda.

Esto significa la necesidad, al parecer incomprendida por el gobierno, de reactivar el mercado interno mejorando la distribución de la riqueza y el ingreso, único camino para abatir la pobreza.